Tras más de un siglo de intensa dedicación al perfeccionamiento de instrumentos conceptuales que permitieran una aplicación racional del derecho penal, se han logrado frutos sobresalientes, plasmados singularmente en la refinada dogmática jurídicopenal. La contrapartida a todo ello ha sido la renuncia de los juristas a intentar consolidar una teoría y una práctica racionales de elaboración de las leyes. La tarea se ha dejado en manos de un legislador al que, con el argumento de ser el directo representante de la soberanía popular, se le han tolerado todo tipo de decisiones legislativas arbitrarias, trufadas de oportunismo y populismo. Esta obra pretende recuperar las tradiciones ilustrada y codificadora, que consideraban que la principal misión de los juristas era asegurar la racionalidad de las leyes. Con ese propósito el autor atiende en primer lugar a la actual práctica legislativa penal, describiendo bajo un modelo secuencial sus características y las carencias de racionalidad que presenta. A continuación hace una detenida propuesta sobre los contenidos de racionalidad, estructurados en cinco niveles, que debería satisfacer toda decisión legislativa penal. Prosigue el estudio con el desenvolvimiento del primero de los niveles, el de la racionalidad ética, donde encuentran acogida los valores determinantes de toda política criminal. El trabajo concluye con la identificación del criterio que habrá de marcar la pauta en el desarrollo de los subsiguientes niveles de racionalidad.