Esta situación no es nueva, pues el mecenazgo (estatal o eclesiástico, por ejemplo) ha sido una constante en Europa durante siglos. Más recientemente, la aparición de la normativa de propiedad intelectual permitió a artistas y creadores obtener ciertos ingresos derivados de sus obras, si bien ello no siempre ha implicado una mejora clara de sus condiciones de vida ni, sobre todo, de su capacidad para seguir haciendo aquello que más les interesa: crear, interpretar, difundir las obras derivadas de su pulsión creativa.

La realidad es que muchos escritores alternan su creación con otros trabajos, como los de profesor o periodista; actores y directores de cine o teatro no tienen garantizado su trabajo, que depende de que surjan proyectos acompañados de financiación para ser llevados a cabo; pintores, escultores, fotógrafos, músicos (compositores e intérpretes) también compaginan su vocación con otros trabajos. El campo de lo artístico e intelectual es amplio, abundante, pero la situación material de los artistas dista mucho de ser ideal. Sirva como ejemplo la situación que exponía un estudio de la Fundación Nebrija realizado en 2017 (en colaboración con la Universidad de Granada) sobre la actividad económica de los artistas en España. Según el estudio, el 46,9% de los artistas encuestados recibe menos de 8.000 euros anuales por su trabajo creativo; el 13,4%, entre 8.000 y 10.000 euros; el 18,4%, entre 10.000 y 20.000 euros. Sólo un escaso y privilegiado 0,6% recibe más de 60.000 euros anuales derivados de su actividad intelectual o creativa. 

Estos datos, similares a los de otros países de nuestro entorno, permiten apreciar las profundas desigualdades en la distribución de beneficios económicos dentro del campo de la creación artística e intelectual. Pero, más allá de lo precario de la situación para muchos artistas, conviene poner de relieve otro efecto de este panorama: las dificultades económicas implican también problemas para seguir creando, es decir, para lograr disponer de los medios personales y materiales necesarios para continuar con la actividad creativa. El cambio de gobierno en España ha implicado ciertos cambios en este sentido (de qué alcance, es algo que está por ver), con la aprobación del Estatuto del Artista y un Real Decreto Ley de medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, ambas iniciativas de finales de 2018. Con estas propuestas, se ha tratado de abordar la mejora de la situación de artistas y creadores en ámbitos como el fiscal, laboral y de Seguridad Social.

Sin embargo, llama poderosamente la atención la falta de abordaje de esta cuestión en referencia a dos ámbitos concretos. El primero, la tendencia, normativa, pero también de política cultural, a tratar este ámbito de forma uniforme, como si todas las obras artísticas y culturales pudieran ser reguladas bajo parámetros similares. Ello ocurre también con la normativa de propiedad intelectual, que considera las creaciones artísticas y culturales indistintamente, cuando entre ellas, y los sujetos responsables que las promueven, existen profundas e importantes diferencias. No es igual la situación de la literatura a la del cine, ni la de estos que la de la música, la fotografía o las artes plásticas. Una política cultural ambiciosa debería distinguir claramente entre los diferentes tipos de creación, para tratar de comprender las necesidades de quienes dedican su vida a cada ámbito creativo. De lo contrario, se produce una cierta uniformización en las medidas políticas, lo que lleva inevitablemente a situaciones de injusticia y desigualdad. 

En segundo lugar, cabe destacar el papel de las administraciones públicas en el ámbito de la creación artística y cultural, que si bien existe, podría ser considerablemente más amplio, promocionando e incentivando la existencia de bienes materiales y personales para aquellos artistas y creadores que deseen proseguir su actividad, así como para acercar esta al público. Iniciativas como la financiación pública del cine, elemento artístico particular, porque requiere de una gran inversión inicial, o las bibliotecas públicas son dos caras de la misma moneda, que posibilitan la creación de bienes culturales y su acercamiento al público, respectivamente. Resultaría sin duda interesante que este tipo de iniciativas se pudiera ampliar a otros ámbitos como el de la música, la fotografía, las artes plásticas o la literatura, ofreciendo espacios públicos con los medios materiales necesarios para llevar a cabo la creación. También el incremento de obras ofrecidas en las bibliotecas, que pudiera abarcar no sólo libros sino música, cine, pintura, etc. Algunas bibliotecas públicas ya están llevando a cabo este tipo de iniciativas, adaptándose además a los nuevos tiempos y permitiendo, por ejemplo, los préstamos online de versiones digitales de algunos libros.`

El campo de lo artístico y lo intelectual, en definitiva, requiere de intervención pública, de una política cultural sensata y proactiva, que ofrezca medios materiales y personales para la creación artística y cultural más allá de los vaivenes estrictamente comerciales, que tienden a promocionar y financiar aquellas obras que resultan más rentables económicamente. No se trata sólo de poder vivir del arte, sino de poder disponer de los medios para seguir creando. Ello no resulta solamente de interés para los propios creadores, sino del público y, en general, de la sociedad, para la que un ámbito cultural y creativo diverso, amplio y potente supone un beneficio de importancia no calculable sólo con parámetros económicos.

Joan Ramos Toledano es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado durante años en aspectos relacionados con la propiedad intelectual, el acceso a bienes culturales y los efectos de las nuevas tecnologías (especialmente de internet) en la ciudadanía, sobre los que ha publicado numerosos artículos. Es autor de Propiedad digital. La cultura en internet como objeto de cambio, publicado en esta misma Editorial.